Hoy estuve en un seminario sobre “la Cuestion Social en Argentina”, en la que participaron tres estudiosos de la problemática: el sociólogo especialista en políticas públicas Aldo Isuani (también presidente del partido GEN de la Ciudad de Buenos Aires), el experto en temas laborales Ernesto Kritz, director de SEL Consultores, y el economista Javier Lindenboim, especialista en temas de empleo, distribución del ingreso y director del Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo (CEPED) con sede en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.
En próximos post reseñaré las ponencias de Isuani y de Lindenboim. Hoy me detendré en la contundente exposición de Kritz.
El sociólogo abordó dos problemáticas. En primera instancia, la “moratoria previsional” encarada por el fallecido ex presidente Néstor Kirchner durante su gobierno. Y, luego, el reciente proyecto del diputado moyanista Héctor Recalde sobre participación de los asalariados en las ganancias de las empresas.
Sobre la moratoria, Kritz empezó recordando que hasta 2006 los beneficiarios del sistema previsional eran unas tres millones de personas. A partir de ese año, se han incorporado unas dos millones más.
Ahora, ¿cómo se distribuyen socialmente los beneficios, según nivel de ingreso de la familia? Kritz enfatizó en el hecho de que mientras el 50 por ciento de los que lo reciben pertenecen a sectores de clase media, solo menos del 30 por ciento va a los sectores de menores ingresos. “Una política progresista, pero relativizada”.
Ahora, solo uno de cada cinco jubilados argentinos vive en un hogar pobre. La pregunta es: ¿dónde están las personas en edad de jubilarse? La mayoría de los ancianos está en hogares de sectores medios. Y los que diseñaron esta política no vieron eso. Algo que sí fue observado, hay que decirlo, con la Asignación Universal por Hijo (AUH), que efectivamente llega a los hijos de familias más pobres.
La masa de haberes jubilatorios está en el orden de los 100.000 millones de pesos. Antes de la moratoria, a los jubilados pobres les correspondía un 10 por ciento del total. Hoy, un 12 por ciento. Es decir, solo ganaron un dos por ciento más. Mientras que los sectores medios ganaron un cuatro por ciento.
El proyecto de presupuesto nacional para 2011 asciende a unos 370.000 millones de pesos, aproximadamente. De esa masa, al sistema previsional va el 10 por ciento: unos 37.000 millones de pesos. De esos 37.000, a los sectores pobres les toca un tercio (unos 11.000 millones), y a los más altos, otro tercio (12.000 millones).
Lo que revela todo este cuadro es una clara inconsistencia entre el objetivo de la política (equidad distributiva) y el resultado.
La otra política analizada por Kritz el el proyecto de ley de participación de los asalariados en las ganancias de las empresas, garantizada por el artículo 14 Bis de nuestra Constitución Nacional; proyecto provisoriamente suspendido por un acuerdo – “tregua” entre la CGT y la UIA tras la muerte de Kirchner.
El experto partió del porcentaje del empleo en negro: cerca del 40 por ciento de la población económicamente activa (PEA). Por tanto, hoy esa medida no afectaría a todos los asalariados. Pero, ¿a cuántos llegaría? Para Kritz, alcanzaría a cerca de cinco millones de personas: uno de cada tres ocupados: los asalariados privados en blanco (pues ni siquiera está diseñado -hasta hoy- para los empleados públicos). Es decir: menos de la mitad de los asalariados. Con lo cual, la ecuación es: “más pobre, y mayor trabajo en negro, menos recibe”.
Ahora, si profundizamos: ¿cómo llega a los trabajadores en blanco? Según los cálculos que el sociólogo mostró en la pantalla grande en un power point, siete de cada diez asalariados privados están en la mitad superior de la escala distributiva. Estos asalariados son los que mayormente se beneficiarían, según cómo está planteada hoy la medida. Traducción: cero equidad distributiva. Un asalariado petrolero va a recibir 37 veces más que un trabajador de la salud o del área educativa.
Así planteadas las cosas, la diferencia entre los que más ganan y los que menos ganan, sencillamente, aumentaría.
La conclusión de Kritz es rotunda: si no hay consistencia entre los objetivos y el diseño y metodología de alcance, una política progresista puede terminar arrojando resultados conservadores.
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